Sentencia A. 1263/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1263/23

 

CONFLICTO APARENTE DE COMPETENCIA EN TUTELA-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1263 DE 2023

 

Referencia: Expediente ICC-4411

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 Solicitud de tutela. El 23 de febrero de 2023, Argemiro Olaya Pamplona (en adelante, el “accionante”) interpuso acción de tutela en contra de la magistrada Claudia Rocío Torres Barajas de la Comisión Seccional de Disciplina de Antioquia. Esto, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales “al debido proceso” y a “la dignidad humana”[1]. En su criterio, la funcionaria accionada vulneró sus derechos fundamentales al “inhibirse de darle trámite a la queja disciplinaria que [interpuso en contra de la jueza Sexta de Oralidad de familia del Circuito de Medellín y de su secretario] y ordenar su archivo”[2]. En consecuencia, el accionante solicita como pretensiones (i) el amparo de sus derechos fundamentales; y (ii) que la funcionaria accionada “acceda a darle trámite a la queja disciplinaria radicada”[3].

 

2.                 Admisión de la tutela y vinculación de terceros. La tutela correspondió por reparto a la Sala Tercera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín. El 23 de febrero de 2023, dicha autoridad resolvió (i) admitir la acción de tutela, (ii) correr traslado a la parte accionada y (iii) vincular a “la señora juez Sexta de Familia”[4].

 

3.                 Fallo de primera instancia e impugnación. El 9 de marzo de 2023, la Sala Tercera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín resolvió no conceder “por ser improcedente, el amparo constitucional”[5]. Esto, al considerar que la solicitud de amparo sólo reflejaba una “disparidad de criterios, entre el accionante y la referida servidora judicial, acerca de la censurada decisión”[6]. Además, señaló que el auto inhibitorio cuestionado “no hace tránsito a cosa juzgada”, lo que significa que, si así lo estima, el accionante “puede elevarla de nuevo con la exposición de las conductas constitutivas de acoso laboral”[7]. El accionante impugnó la decisión.

 

4.                 Declaratoria de nulidad y remisión del expediente. El expediente fue repartido a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que efectuara el trámite de la impugnación. El 20 de abril de 2023, dicha autoridad resolvió (i) “[d]eclarar la nulidad de la sentencia de primer grado” y (ii) “remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que asuma el conocimiento en primera instancia”[8]. De acuerdo con el alto tribunal, el juez de primera instancia carecía de competencia para conocer la tutela sub examine. Esto, porque la acción fue interpuesta “por un ‘empleado’ de la Rama Judicial, concretamente de la jurisdicción ordinaria y, en tal virtud, compete a la especialidad de lo contencioso administrativo dirimir la controversia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del numeral 8º del artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015”[9]. En tales términos, consideró que “el fallo proferido en este trámite por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín está viciado de nulidad, por falta de competencia”[10]. En consecuencia, dispuso “el envío de la queja al Tribunal Administrativo de Antioquia, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar”[11].

 

5.                 Remisión al Tribunal Administrativo y devolución del expediente. El expediente correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia. El 24 de abril de 2023, dicha autoridad resolvió “DEVOLVER a la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, la acción de tutela”[12]. Argumentó que, las normas contenidas en el Decreto 333 de 2021 “no constituyen reglas de competencia” y, por lo tanto, “no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente”[13]. En consecuencia, señaló que en el caso concreto “la Corte Suprema de Justicia no puede declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia y conserva la competencia para decidir la impugnación”[14]

 

6.                 Conflicto de competencia y remisión del expediente. Mediante auto del 5 de mayo de 2023, el magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, declaró que, con la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de no asumir la competencia de la tutela, “fue generado un conflicto negativo de competencia, por lo que resulta necesaria la remisión de las diligencias a la Corte Constitucional para que lo dirima”[15]. El 8 de mayo de 2023, la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencias. Luego, el 15 de mayo de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional repartió el expediente a la magistrada sustanciadora.

 

II.               CONSIDERACIONES

 

7.                 Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 –Ley Estatutaria de Administración de Justicia– (en adelante, LEAJ)^[16]. Así mismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia es residual y solo se activa cuando: (i) la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos^[17], o (ii) a la luz de los principios de celeridad y eficacia, esta Corte deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia^[18]. En el presente asunto, la LEAJ no definió cual autoridad judicial debía resolver el conflicto de competencia que se suscita entre los despachos involucrados, puesto que pertenecen orgánicamente a distintas jurisdicciones. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

8.                 Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber:

 

9.                 Las reglas de reparto de las acciones de tutela no constituyen reglas de competencia. De acuerdo con la jurisprudencia pacífica de esta corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015[22], modificado por el Decreto 333 de 2021[23], de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia. Así las cosas, teniendo en cuenta que las disposiciones del mencionado decreto reglamentario no son presupuesto para que un juez se aparte del conocimiento de un asunto, este Tribunal ha expresado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”^[24].

 

10.             Nulidad de lo actuado en el trámite de acciones de tutela. La Corte Constitucional insiste en que, cuando se presenta una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto, “el juez de tutela no está autorizado para declararse incompetente, y mucho menos, tiene la posibilidad de declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia”^[25]. Esto, por cuanto dicha decisión “resulta contraria a la finalidad de la acción de tutela y a los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales como la primacía de los derechos inalienables de las personas, la informalidad y sumariedad de la tutela y la celeridad del trámite de la acción constitucional”[26].

 

11.             Finalmente, la Sala reitera que, en virtud del principio de perpetuatio jurisdictionis, cuando el juez conoce una solicitud de amparo, radica en cabeza suya la competencia y ésta no puede ser alterada porque de lo contrario se afectaría de forma grave la finalidad de la acción de tutela, que es la protección inmediata de los derechos fundamentales^[27].

 

III.           CASO CONCRETO

 

12.             En el caso sub examine se configuró un conflicto aparente de competencia. La Sala Plena advierte que, en el caso sub examine, se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia aplicó las reglas de reparto previstas por el Decreto 333 de 2021 para declarar la nulidad de lo actuado en el trámite de la acción de tutela y, por esa vía, remitir las diligencias al Tribunal Administrativo de Antioquia. Esto, pese a que la Corte Constitucional ha reiterado que las reglas previstas en el Decreto 333 de 2021 no pueden ser usadas por el juez de tutela para rechazar la competencia o declarar la incompetencia de otra autoridad judicial. En efecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fundó su decisión en un razonamiento sobre las cualidades del accionante (empleado de la jurisdicción ordinaria) y su connotación para efectos del reparto, como único factor determinante para declarar la nulidad de todo lo actuado y remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia. Este proceder no es ajustado a la jurisprudencia de esta Corte en materia de competencia, en tanto la facultad para conocer de la acción de tutela no puede determinarse a partir de interpretaciones sobre las reglas de reparto y la condición que tenga la accionante.

 

13.             Por lo demás, la alteración de la competencia, en el momento procesal en el que se encontraba la acción constitucional, desconoció el principio de perpetuatio jurisdictionis (pár. 11 supra). En consecuencia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia afectó la celeridad y eficacia de la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales de la accionante.

 

14.             Conclusión. La Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 20 de abril de 2023 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y ordenará que se remita el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y profiera decisión de fondo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991. Así mismo, le advertirá a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que, en lo sucesivo, se abstenga de decretar la nulidad de lo actuado con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021, por cuanto tal actuación contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.

 

IV.       DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 20 de abril de 2023, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la acción de tutela promovida por Argemiro Olaya Pamplona en contra de la magistrada Claudia Rocío Torres Barajas de la Comisión Seccional de Disciplina de Antioquia.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-4411 a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

 

Tercero.- ADVERTIR a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que, en lo sucesivo, se abstenga de decretar la nulidad de lo actuado y de rechazar la competencia de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021, para no incurrir en actuaciones que constituyan barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar, así, el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

Cuarto.- Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora y al Tribunal Administrativo de Antioquia la decisión adoptada mediante esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

Ausente con permiso

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

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